Comunicado del PCI(M) de la India: !Unidad frente a la Guerra contra el pueblo por parte del gobierno fascista de Modi y Raman Singh!

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En uno de sus últimos comunicados, traducido por la Red de Blogs Comunistas en su esfuerzo por convertirse en la voz de la Revolución naxalita y dar a conocer su lucha en castellano, el PCI(M) de la India hace un llamamiento para que continúe fortaleciéndose la unidad frente a la guerra genocida contra el pueblo llevada a cabo por el gobierno fascista de Modi y Raman Singh, después de que la Corte Suprema misma haya denunciado a los miembros de las fuerzas policiales y paramilitares y los mandos de la policía que las comandan como directos responsables de brutales agresiones contra el pueblo.

En los dos años que llevamos del gobierno de la Alianza Nacional Democrática [NDA, en sus siglas en inglés] que encabeza Modi, no ha dejado de agravarse, día tras día, la agresión conjunta del terrorismo de Estado y el fascismo nacional-hinduista. El movimiento maoísta y los diferentes movimientos democráticos, los musulmanes y los cristianos, los dalits y los adivasis, las minorías nacionales, las mujeres, las personas oprimidas por su orientación sexual, los obreros, los campesinos, los intelectuales, los académicos, los estudiantes, los artistas y otros sectores de las amplias masas populares, se cuentan entre los damnificados de esta brutal agresión

PARTIDO COMUNISTA DE LA INDIA (MAOÍSTA)
COMITÉ CENTRAL-COMITÉ ESPECIAL DE ZONA DE DANDAKARANYA

24 de octubre de 2016

¡BOICOTEEMOS LAS CELEBRACIONES DEL 17º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE CHHATTISGARH EN PROTESTA POR LAS POLÍTICAS ANTIPOPULARES DEL GOBIERNO NACIONAL-HINDUISTA Y FASCISTA DE RAMAN SINGH!
¡EXIGIMOS QUE SE CASTIGUE CON TODO RIGOR A RAMAN SINGH, KALLURI Y OTROS CULPABLES DE COMETER CRÍMENES ATROCES CONTRA EL PUEBLO DE BASTAR!
¡EL GOBIERNO NACIONAL-HINDUISTA Y FASCISTA QUE DIRIGE MODI DEBE RENDIR CUENTAS POR LA CAMPAÑA GENOCIDA CONTRA LAS MASAS ADIVASIS!

El 25 de marzo de 2011, una fuerza conjunta de la policía de Chhattisgarh, de las fuerzas paramilitares del Estado y del Cuerpo Especial de Policía [OPS, en sus siglas en inglés] se entregó al incendio, el pillaje y el asesinato en el distrito de Dantewada, en Chhattisgarh. Asesinaron brutalmente al menos a tres aldeanos adivasis, apalearon sin piedad a otros muchos, violaron a varias mujeres e incendiaron 252 casas en las aldeas de Tadimetla, Morpalli y Timmapur en el curso de una correría genocida. Los partidos, organizaciones y distintas personalidades revolucionarios y democráticos de Chhattisgarh y de todo país condenaron rotundamente en aquel momento tanta barbarie. Exigieron una investigación imparcial y el castigo de los policías, paramilitares y soldados culpables. Sin embargo, en lugar de atender a las justas reivindicaciones populares, el gobierno de Raman Singh trató de proteger sin el menor rebozo a las bandas armadas mercenarias de terroristas del Estado, rechazando por completo su culpabilidad. El gobierno y la Policía de Chhattisgarh pretendieron en vano eludir su responsabilidad en los mencionados hechos, acusando a los maoístas de los ataques, imputación que nadie excepto los más fervientes lacayos de los imperialistas y las clases dominantes jamás creyó. Todo esto se produjo mientras los damnificados proclamaban alto y claro que las fuerzas armadas del gobierno habían cometido tales atrocidades en sus aldeas.

Como viene siendo práctica habitual en las zonas donde hay un activo movimiento popular, en este caso también el gobierno y sus fuerzas intentaron por todos los medios echar tierra sobre la verdad de sus crímenes atroces contra el pueblo. Al igual que ahora hacen en el marco de la tercera fase de la Operación Green Hunt, en aquel momento el gobierno de Raman Singh y la policía trataron de impedir que los activistas sociales y por las libertades civiles, los periodistas, los intelectuales, las personas solidarias con los adivasis, los abogados, las fuerzas democráticas e incluso el Partido del Congreso y el Partido Comunista de la India [revisionista] alzaran su voz en solidaridad con las masas ante el terror de Estado. Un grupo de activistas sociales, encabezado por Swami Agnivesh, que se encontraba realizando tareas de investigación de los hechos en las aldeas afectadas, sufrió el ataque de los matones del Salwa Judum, dirigidos por el conocido criminal Inspector General de la Policía Kalluri, que por entonces ejercía de Superintendente Mayor en Dantewada, y sus jefes políticos, en especial el capitoste neonazi, fascista y nacionalista hindú Raman Singh. Swami Agnivesh y el catedrático de la Universidad de Delhi Nandini Sundar presentaron una demanda ante la Corte Suprema, rebatiendo las mentiras de la policía y responsabilizando de los ataques a ésta y al Salwa Judum. La Corte ordenó a la Oficina Central de Investigación [CBI, en sus siglas en inglés] la averiguación de los hechos.

Tras varios años, la CBI ha presentado por fin sus conclusiones, que hizo llegar a la Corte Suprema en un informe fechado el 21 de octubre. En él se ponen de manifiesto las mentiras flagrantes del gobierno de Raman Singh y de Kalluri, y concluye que los maoístas no tuvieron nada que ver en absoluto con los hechos acaecidos en las tres aldeas, así como con el ataque contra los activistas sociales. El informe acusa al OPS, a los miembros de las fuerzas policiales y paramilitares y a los mandos de la policía que los comandaban de ser los directos responsables de estos hechos. A raíz de estas conclusiones, toda una serie de activistas sociales, organizaciones y personalidades democráticas y del ámbito de los derechos civiles, partidos de la oposición parlamentaria, como el Partido del Congreso, el Partido Aam Aadmi [AAP, “Partido del Hombre Común”, en hindi], el Partido del Congreso de Chhattisgarh, etc., han exigido la inmediata destitución de Kalluri de su cargo, una vez que el propio CBI ha confirmado su participación en los hechos. Todos esos actores han denunciado que la policía haya estado negando su intervención en los crímenes durante los últimos cinco años a pesar de las pruebas abrumadoras que demuestran la participación de las fuerzas armadas gubernamentales, incluido el OPS. Pero ahora al gobierno ya no le queda margen para esconderse detrás de la mentira, toda vez que un órgano del propio Estado fascista indio se ha visto obligado a admitir la verdad que el pueblo de Bastar y de fuera de Bastar venía defendiendo desde hace mucho tiempo.

Se ha sabido que más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales de Chhattisgarh se han unido en una iniciativa conjunta que, sobre la base del informe del CBI, pretende exigir al gobierno que se castigue a Kalluri y al resto de oficiales y soldados culpables de la policía, los paramilitares y el OPS. Todas las fuerzas revolucionarias y democráticas del país deben dar la bienvenida a esta iniciativa y apoyarla. Ni que decir tiene que los funcionarios policiales neonazis como Kalluri merecen el más severo de los castigos por sus innumerables crímenes de todo tipo, en el pasado y el presente, contra los adivasis. Los asesinos y gánsteres de uniforme han gozado siempre de la protección de las clases dominantes y reaccionarias para actuar como sus fieles perros guardianes. La Justicia casi nunca les alcanza. No es sorprendente que, a pesar de las numerosas acusaciones en el pasado de crímenes atroces, a saber, matanzas, falsos enfrentamientos, violaciones en grupo, incendios premeditados, pillaje, etc., Kalluri haya sido ascendido a Inspector General de la Policía de Bastar en “recompensa” por sus servicios a las clases dominantes indias, a los terroristas nacionalistas del Bharatiya Janata Party [BJP, “Partido Popular Indio”, en hindi] y a los imperialistas. Como muestra de su servilismo, Kalluri dirige actualmente en Bastar la tercera fase, la más represiva, de la Operación Green Hunt –que no es otra cosa que la guerra del Estado contra el pueblo–, bajo el nombre de “Misión-2016”. Ésta se ha cobrado ya la vida de más de cien adivasis, cuya inmensa mayoría eran aldeanos desarmados, entre ellos un gran número de mujeres, calificados de “maoístas” y asesinados en falsos enfrentamientos. Por lo tanto, sólo un movimiento fuerte y unido puede obligar a los gobiernos central y estatales a tomar medidas más severas contra los culpables.

No obstante, no se debe olvidar nunca que Kalluri y los de su calaña se limitan a cumplir las políticas de los gobiernos central y estatales, al servicio de los intereses de los imperialistas y su clase dirigente compradora de la India. Es decir, que la simple remoción del cargo de un individuo o el castigo de unos cuantos soldados rasos no es suficiente. Hay que emprender la lucha para que se castigue a Raman Singh, comandante en jefe de la guerra contra el pueblo en Bastar y Presidente del Comando Unificado de las fuerzas armadas gubernamentales de Chhattisgarh. Él es el responsable de la matanza de miles de adivasis de Bastar y del desplazamiento de cientos de miles en los últimos doce años de su mandato. Además, la camarilla brahmánico-hinduista y fascista de los Narendra Modi, Rajnath Singh, Amit Shah y Mohan Bhagwat, promotora del genocidio de adivasis y moolvasis en todo país para permitir así el saqueo a punta de pistola de los recursos naturales con la excusa del “desarrollo”, debe responder de sus crímenes. Por lo tanto, es necesario que el movimiento en demanda de la dimisión y juicio contra Kalluri y otros oficiales y miembros de la policía, de los paramilitares y del OPS implicados en los ataques de marzo de 2011, forme parte de un movimiento más amplio de resistencia contra la guerra fascista impuesta al pueblo por la camarilla de los Modi, Raman Singh y los matones nacionalistas en todo el país, guerra que se desarrolla en estrecha colaboración con varios gobiernos estatales, con independencia del partido en el poder. Si este movimiento no se consolida, amplía e intensifica, no será posible detener la masacre cotidiana de adivasis que, día a día, se agudiza por toda la India.

El Comité Central de PCI (Maoísta) da la bienvenida y se solidariza con la lucha para que los culpables de las atrocidades cometidas en Tadimetla, Morpalli y Timmapur y los ataques contra activistas sociales sean llevados ante la justicia. Asimismo, hace un llamamiento a los trabajadores, campesinos, demócratas, patriotas, minorías religiosas y nacionales, dalits, adivasis y moolvasis, mujeres, estudiantes, jóvenes, empleados, desempleados, a todos los sectores de la población y sus organizaciones y a los partidos de la oposición parlamentaria, como el Partido del Congreso, el PCI, el AAP y el Partido del Congreso de Chhattisgarh, para que consoliden este movimiento con su activa participación. Nuestro partido está totalmente seguro de que el pueblo de la India dará una respuesta adecuada a los elementos de la clase dirigente que han cometido crímenes y barbaridades indecibles contra la humanidad y las masas de este país.

En los dos años que llevamos del gobierno de la Alianza Nacional Democrática [NDA, en sus siglas en inglés] que encabeza Modi, no ha dejado de agravarse, día tras día, la agresión conjunta del terrorismo de Estado y el fascismo nacional-hinduista. El movimiento maoísta y los diferentes movimientos democráticos, los musulmanes y los cristianos, los dalits y los adivasis, las minorías nacionales, las mujeres, las personas oprimidas por su orientación sexual, los obreros, los campesinos, los intelectuales, los académicos, los estudiantes, los artistas y otros sectores de las amplias masas populares, se cuentan entre los damnificados de esta brutal agresión. Raman Singh, por ejemplo, prometió a los campesinos un aumento de 300 rupias del precio mínimo garantizado del arroz. En lugar de ello, el precio mínimo se ha reducido en un 40 por ciento. Por otro lado, está dilapidando miles de millones de rupias en la policía y las fuerzas paramilitares con la excusa de la lucha contra los maoístas. De igual modo, ayer mismo el gobierno del BJP de Jharkhand ordenó a la policía disparar contra el pueblo, que se manifestaba en contra de la adquisición forzosa de tierras: mataron a un manifestante. Siendo éstas las condiciones imperantes en todo el país, el movimiento democrático debe crecer y fortalecerse para hacer frente a la agresión fascista. Para ello deben unirse todas las fuerzas contrarias al fascismo comprador-feudal y nacional-hinduista del BJP y el Sangh Parivar. La oposición a la tercera fase de la Operación Green Hunt constituye un elemento importante de esta resistencia.

Los revolucionarios maoístas han tomado las armas para defender la causa justa del pueblo y el país una vez que los gobernantes reaccionarios indios clausuraran todas las vías pacíficas para que el pueblo pudiera establecer una auténtica democracia, libertad, soberanía, independencia, progreso, prosperidad y poder político popular. La historia de nuestro país y de otros países del mundo semicoloniales y semifeudales demuestra de manera concluyente que sólo a través de una guerra popular prolongada se pueden conseguir estos objetivos. Con todo y con ello, el Comité Central del PCI (Maoísta) está abierto a mantener conversaciones con el gobierno en aras del país y del pueblo. No obstante, los gobernantes indios jamás han mostrado ninguna seriedad en relación con la posibilidad de mantener conversaciones, la paz o el bienestar de las masas. Altos funcionarios gubernamentales como Rajnath Singh califican al movimiento revolucionario, que lucha por la causa sagrada del pueblo y el país, como un movimiento terrorista y criminal, y no dejan de difundir llamamientos para que se rinda. Al mismo tiempo, despliegan cada vez más soldados y emplean armas cada vez más mortíferas, incluidos helicópteros de combate, reclutan nuevas fuerzas, organizan bandas de paramilitares y adoptan todo tipo de medidas para reprimir al pueblo.

Ni que decir tiene que en esas condiciones la sugerencia de la Corte Suprema de que se celebren conversaciones de paz entre el gobierno y nuestro Partido seguirá siendo letra muerta. Subvirtiendo el espíritu de la propuesta de la Corte Suprema, el ministro del Interior de Chhattisgarh, Ramsewak Paikra, ha insistido en que las conversaciones de paz se celebren sólo después de que los maoístas renuncien a la “violencia” y se integren en la “vida política institucional”. Esto no es más que un llamamiento apenas velado a que los maoístas se rindan. Demuestra la falta de voluntad y la falta de sinceridad del gobierno en relación con las conversaciones de paz. Kalluri ha señalado que la moral de las fuerzas gubernamentales se resentirá si se materializa la exigencia popular de castigo para los responsables de las atrocidades de Tadimetla, Morpalli y Timmapur. Con estas declaraciones lo único que se pretende es silenciar todas las voces de la oposición para seguir cometiendo barbaridades y reprimiendo al pueblo. El Comité Central del PCI (Maoísta) espera que las fuerzas auténticamente democráticas y amantes de la paz de la India continúen sus esfuerzos para obligar a los gobiernos de Modi y Raman Singh a detener su guerra genocida contra el pueblo, única vía que facilitará las posibilidades de paz y de creación de un ambiente propicio para eventuales conversaciones.

· ¡Boicoteemos el 17º aniversario de la creación del Estado de Chhattisgarh del 1 al 5 de noviembre de 2016!

· ¡Exijamos la dimisión de Raman Singh y Kalluri!

· ¡Solidaridad con los campesinos de Chhattisgarh en lucha que piden 2.500 rupias por cada quintal de arroz, como precio mínimo garantizado!

· ¡Exijamos la denuncia de todos los Memorandos de Entendimiento firmados con empresas multinacionales y grandes empresas nacionales!

· ¡Luchemos por hacer valer los derechos del pueblo sobre el Agua, el Bosque y la Tierra [Jal-Jungle-Zameen, en hindi]!

· ¡Organicemos manifestaciones de protesta y mítines públicos en las aldeas, pueblos y ciudades del 1 al 5 de noviembre de 2016!

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